Nuestro Blog

Desmontarse por las orejas

Desmontarse por las orejas

  • 20 octubre, 2017
  • admin
  • Comentarios desactivados en Desmontarse por las orejas

La justicia colombiana lejos de ser una solución para los problemas que afectan a los ciudadanos, se ha convertido por el contrario en una fuerza incapaz de entender la razón de su función social.

Lo decimos por lo sucedido en el caso de la huelga de los pilotos de Avianca y la declaratoria de ilegalidad de la misma, ahora enredada por vicios menores que bien podrían resolverse acudiendo a recursos de interpretación.

El Tribunal Superior de Cundinamarca declaró ilegal la huelga, con toda la razón y lo hizo en un plazo muy razonable; esta determinación fue apelada por los huelguistas y el proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Al revisarse el asunto se descubrió que había algunas fallas técnicas en la grabación de la audiencia de oralidad en la cual se profirió el fallo y entonces se acudió a la vía más fácil devolviendo la actuación al Tribunal para que éste hiciera las correcciones respectivas.

El asunto es muy sencillo si comprendiéramos la verdadera función de la justicia: hay una huelga, es un hecho notorio; la huelga es en un servicio público esencial y la Ley la prohíbe en tales casos.  ¿Qué otra cosa se necesita para resolver el conflicto?

Si bien es cierto que nuestro modelo judicial se basa en la oralidad, no podemos ponerle problemas a una grabación colocándola por encima de los principios de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la confianza legítima depositada por los colombianos en los jueces y menos aún alegar una falla en el debido proceso, solo por un simple inconveniente de carácter técnico, olvidando que hay una decisión tomada y que el audio solo apoya lo resuelto, convirtiéndose en un hecho meramente circunstancial pues lo fundamental es la decisión adoptada.

Esta es una palpable demostración de que nuestra justicia sacrifica los derechos de las personas por fallas de forma, así lo decidido trascienda a cuarenta y cinco millones de colombianos, todos afectados por un movimiento claramente ilegal.

Actúa de manera indolente nuestra burocracia oficial al tomarse más de treinta días para resolver una situación que está causando pérdidas millonarias a muchos colombianos.